En el año 2006 Azucena Berrutti, ministra de Defensa, se apersona sin previo aviso en una unidad militar y se hace con un gigantesco archivo de inteligencia militar microfilmado del período 1985-2005. Ordena un trabajo de digitalización que se concluye en 2009. Luego, hasta 2016, no se promueve ninguna iniciativa o, quizás, se cede al ánimo obstruccionista de quienes quedarían inculpados de actividades ilegales a través de los documentos. En diciembre de 2016 —y hasta agosto de 2018— se instala una comisión investigadora del espionaje ilícito en democracia en la Cámara de Representantes. Esta comisión accede a las casi tres millones de páginas del archivo mencionado y, luego de su estudio, propone y logra el envío de lo actuado a la Justicia.