En Francia, después que el Estado emprendió el control de los tratamientos de salud mental, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos y psicoterapeutas se acusaron mutuamente de ser los responsables del sentimiento de inseguridad que invadió a la población. Y fue en vano que la fuerza pública procurara poner a todo el mundo de acuerdo y calmara los ánimos con una profusión de procedimientos de peritaje fundados sobre principios supuestamente científicos. En suma, los profesionales tiemblan y los pacientes no saben más a qué santo consagrarse. En cuanto al Estado, corriendo detrás del charlatán con un garrote en la mano, tiene dificultades para diferenciar medicinas paralelas, sectas, psicoterapias y nuevos métodos a riesgo de convertirse en promotor de confusiones o fraudes. ¿Cómo evitar esta aporía? ¿Cómo conciliar el principio de libertad en virtud del cual se reivindica el derecho de escoger a un terapeuta, y el principio de seguridad, en nombre del cual se exige ser protegidos de los impostores?